El Jurado Nacional de Elecciones de Perú rechazó los pedidos del partido de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, que buscaban anular más de 2.300 mesas de votación de la segunda vuelta presidencial. De esas mesas, 1.751 son de Lima y 647 corresponden a peruanos que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. El máximo organismo electoral confirmó así lo que ya habían decidido antes los jurados regionales, tras revisar 32 casos en una audiencia pública. Al tratarse de la última instancia electoral, las resoluciones son definitivas y no admiten nuevos recursos.
Durante la audiencia, los abogados de Sánchez explicaron que su pedido se basaba en un estudio estadístico que encontró 583 resultados extraños en Lima, pero reconocieron que sus representantes no presentaron ninguna queja el día de las elecciones en esas mismas mesas, y que no tenían más pruebas que ese estudio. Sánchez también había cuestionado un cambio que hizo la ONPE el 29 de mayo: en lugar de enviar las actas digitalizadas desde los consulados, decidió trasladarlas físicamente hasta Lima para contarlas. Según Sánchez, eso pudo afectar la seguridad de los documentos, en especial los que llegaron desde Argentina. La Cancillería peruana respondió que ese cambio se hizo a pedido de ellos mismos, tras una evaluación técnica, y que las misiones internacionales que observaron las elecciones no encontraron ningún problema grave.
El conteo de votos sigue muy reñido: con casi el 99,6% de las actas contadas, Keiko Fujimori mantiene una pequeña ventaja sobre Sánchez, ventaja que viene principalmente del voto de los peruanos en el extranjero, donde ella ganó por mucho margen. A pesar del fallo en su contra, Sánchez pidió a sus seguidores mantenerse atentos y anunció nuevas protestas en Lima y otras regiones del país. El presidente del JNE indicó que la revisión de las actas que faltan terminará el lunes 22 de junio, y que después de eso se anunciarán los resultados finales de la elección.
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